Los mismos hicieron referencia a los trabajadores de Minas de Corrales, desalojos de la Agencia de Viviendas y cambios de reglas en régimen Free Shop
El diputado Gerardo Amarilla realizó planteos en la Comisión Permanente que integra en este período sobre la situación de los trabajadores de la Minera San Gregorio, sobre las intimaciones y desalojos que lleva adelante la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) en Rivera y sobre el último decreto de la Dirección de Aduanas que cambia reglas de juego y genera inestabilidad en el régimen Free Shops.
Presentó una nota firmada por unos 200 trabajadores de la empresa Loryser SA (Minera San Gregorio) actualmente acogidos al Seguro por Desempleo pero que manifiestan su preocupación por su futuro laboral.
Expresan que hay un 20% de los trabajadores que ya consiguieron una nueva oportunidad laboral pero la gran mayoría aún no y por eso se comparte esta preocupación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte y ante la conmoción generada en varias familias integrantes de Cooperativas de Viviendas de la ciudad de Rivera que están siendo intimadas por la Agencia Nacional de Viviendas y que lleva además trámites de desalojos y lanzamientos en estos últimos días. Amarilla solicitó que se suspendan estas actuaciones y se abra un espacio de diálogo para resolver esta problemática social de familias que no pueden frenar las actuaciones debido a su condición socio-económica.
También el diputado nacionalista manifestó al parlamento su preocupación por una reciente resolución de la Dirección de Aduana que cambia reglas de juego y establece nuevos criterios de responsabilidad por la importación de mercadería que genera preocupación en los operadores del régimen de Free Shop.
La resolución de la DNA 145/2019 introduce nuevas reglas de juego, aparecer adoptadas en forma inconsulta y que genera preocupación a los diferentes operadores ya que modifica el régimen general de responsabilidad que se establece por ley.
El legislador solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que se suspenda esa resolución y genere un espacio de dialogo con los operadores a los efectos de evitar perjuicios al sistema que afecten el comercio y las fuentes laborales.
